Sostienen que el Superior Tribunal no debe tomarle juramento a los fiscales y defensores bochados en los exámenes

“Todo lo que ocurrió con los fiscales y defensores adjuntos que fueron designados con acuerdo inclusive del Senado, sin que hubiera existido una evaluación técnica que convalide la idoneidad que exige nuestra Constitución, es gravísimo”, sostuvo Francisco Guiñazú.

El abogado y dirigente dijo en La Mañana de Dimensión que se trata de un hecho que “no lo vi nunca en San Luis, al menos se cumplían las formas, pero en este caso se actuó con torpeza que no empezó ahora sino en enero cuando emitieron (desde el Gobierno) un decreto que los facultaba a producir este tipo de designaciones por vía de excepcionalidad y sin que existiera la evaluación que exige nuestra normativa vigente y que es la única manera que tenemos para aceptar, convalidar y resguardar la idoneidad como parámetro para cubrir este tipo de cargos”.

“Hicieron todo al revés, primero con las designaciones y después por la presión social que hubo a partir de todos estos reclamos se decide hacer este tipo de exámenes, pero todo salió peor, porque ninguno aprobó y no son idóneas para cumplir la función”, planteó.

En ese sentido, Guiñazú le exigió al Superior Tribunal de Justicia que no les tome juramento".

Sin embargo, aclaró que a pesar de no haber calificado para cubrir los cargos “ellos siguen designados, por lo tanto, el riesgo acá es que mañana o pasado aparezca comiencen a cumplir’ funciones. Sería muy grave que esto ocurra porque terminamos sometidos a la voluntad del poder omnímodo del Ejecutivo que nombró a esos funcionarios amigos del poder y sin ningún tipo de evaluación”.

Y agregó: “Estas personas no cumplen con lo que técnicamente se llama la ‘adecuada investidura’ que es algo que se produce cuando una persona fue designada conforme a los parámetros constitucionales”.

Por otro lado, Guiñazú considerró que el Consejo de la Magistratura “adhirió" a la reprobación de los exámenes y “por eso lo lógico sería que el Superior Tribunal no les tome juramento”.

“Puede ocurrir que las mismas terminen renunciando a estas designaciones, pero lo que no puede ocurrir jamás es que asuman y cumplan funciones durante más de un año que comprometan todos los procesos judiciales”, expuso.

“Esta modalidad que se usó es una gran hipocresía, una mentira”, cuestionó el dirigente y añadió: “Se decía que había que poner en marcha en febrero los nuevos códigos de procedimientos penales sancionados el año pasado, pero en casi un año, ¿no tenían tiempo de evaluarlos? Creo que decidieron no hacerlo porque querían designar a los amigos del poder, esa es la verdad oculta, la motivación que los llevó a actuar de esta manera”.

Además, Guiñazú criticó el comportamiento que tuvo el Colegio de Abogados de San Luis porque “fue partícipe de este mecanismo irregular”.

“Todos se inscribieron y la entidad se prestó a eso. Somos personas jurídicas de derecho público, por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a este tipo de comportamientos y siempre resguardar la ley y la idoneidad como parámetro para designar a los miembros del Poder Judicial, todo eso impacta en la ciudadanía en su conjunto y en los letrados también porque luego tenemos que lidiar con estos funcionarios”, manifestó.

Por último, afirmó que se debe analizar si hubo incumplimiento de funcionario público por la aplicación del mecanismo.

“¿Cómo puede ser que los senadores prestaron acuerdo a personas no idóneas que no fueron ni siquiera evaluados? Eso no es un error, es una torpeza inaceptable en un funcionario de tanta jerarquía. También hay responsabilidad del Ejecutivo porque envió esas designaciones”, cerró.